País por país, la legislación sobre las bebidas azucaradas

Las gaseosas y otras bebidas con alto porcentaje de azúcares están siendo combatidas por legislaciones restrictivas y aumento de impuestos. ¿Qué sucede en otras naciones de América Latina?

País por país, la legislación sobre las bebidas azucaradas

En Argentina, cada habitante consume, en promedio, unos 133 litros anuales de bebidas azucaradas y las ventas de estos productos se incrementaron un 238% en las últimas dos décadas, según cifras de la industria. Un informe publicado por el Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil (CESNI) asegura que durante los últimos 20 años el consumo promedio de gaseosas y jugos en polvo se incrementó de medio a un vaso de gaseosa por día y que en los hogares de menores ingresos el hábito de tomar bebidas endulzadas, que antes representaba una tercera parte del consumo de los hogares de mayores ingresos, hoy supera la mitad del consumo del grupo.

Ante esto, la Organización de las Naciones Unidas para la Comida y la Agricultura (FAO) advirtió que la obesidad en Latinoamérica está aumentando paulatinamente y que el flagelo “mata más gente que el narcotráfico, el crimen, la violencia y los conflictos armados”. En efecto, 1 de cada 3 adolescentes y 2 de cada 3 adultos en la región padecen de obesidad o sobrepeso. Para la institución, que pertenece a las Naciones Unidas, la responsable son los precios de los productos, ya que “la comida sana es más cara que la comida azucarada”.

La aparente solución que están tomando varios países es incrementar lo impuestos a estas bebidas. En la Argentina, el debate comenzó el año pasado con la ley de Reforma Tributaria, que proponía mayores impuestos a bebidas con azúcar. Sin embargo, se dio marcha atrás y hoy no hay diferenciación de impuestos según el alimento tenga o no azúcar. ¿Qué hacen otros países al respecto? Multitaskers presenta un análisis comparativo sobre qué pasa en otras naciones:

 

Chile

El país andino compite con Argentina en ser el número 1 en consumo de bebidas azucaradas. A pesar del aumento del precio de estos productos y de que los productores pagan un impuesto del 10%, el poder adquisitivo de la familia chilena ha evitado la disminución del consumo. Por lo tanto, pese al incremento en el precio, en Chile las bebidas con azúcar tienen un lugar importante en el presupuesto familiar. Según un estudio de la Universidad del Bío Bío y el Ministerio de Salud, el 9% del presupuesto familiar se gasta en jugos y bebidas azucaradas y light, superando el gasto en legumbres (1%) y frutas (5%).

 

Colombia

En 2016, durante la aprobación de una reforma tributaria, el Ministerio de Salud Pública pidió gravar las bebidas azucaradas. El Gobierno pedía incrementar cerca de 10 centavos de dólar por litro. Sin embargo, la medida no se aprobó en el Congreso. De acuerdo con los senadores, el impuesto no fue aprobado porque "también existe otro tipo de alimentos que afectan la salud y no se están gravando". En Colombia, de todas formas, el debate llegó a tomar dimensiones peligrosas: se habló de extorsiones, amenazas y aprietes por parte de las compañías de gaseosas a varios representantes de derechos del consumidor.

 

México

En México, más del 70% de la población sufre sobrepeso u obesidad. A raíz de esto, en el año 2014, se aprobó impuesto a las bebidas azucaradas. En un estudio llevado a cabo por la Universidad de Carolina del Norte en conjunto con Instituto Nacional de Salud Pública de México, encontraron una disminución en el consumo del 5.5% el primer año y un 9.7% el segundo año tras la implementación del impuesto. Los mayores cambios se explican principalmente desde los sectores de bajos ingresos, en los que se ve una reducción aún mayor: 9% el primer año y 14% el segundo. El efecto, en términos de impacto en salud de la población y en los costos del sistema público, todavía no han podido ser mesurados, dado que se necesita un período de tiempo mayor para poder evaluarlo.

 

Panamá

El congreso panameño se encuentra discutiendo la aplicación de un impuesto a las bebidas azucaradas. La propuesta, que cuenta con un gran apoyo, busca reducir el consumo de estos productos y mejorar la salud pública.  De acuerdo con el proyecto, el 25% del dinero recaudado irá al ministerio de Salud para financiar campañas de prevención y para tratamiento de pacientes diabéticos. El resto del dinero (75%) será usado por el Instituto Nacional de Oncología para adquirir equipos especializados y capacitar a los profesionales de la salud. Sin embargo, los gremios de los empresarios rechazan esta medida. Aseguran que esta ley afectará fuertemente la economía de las empresas que producen estas bebidas y también a la economía nacional.

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